Las ecotasas turísticas son una realidad en varios destinos. Dos ejemplos: Barcelona aplica una de las tarifas más altas de Europa, y Bali (Indonesia) cobra una tarifa fija para todos los visitantes internacionales (incluidos los niños) a partir de 2024.
Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre su aplicación (que estaría encaminada a la conservación ambiental o la adaptación climática) en Canarias, un territorio donde los efectos del cambio climático -sequías, olas de calor, presión sobre los recursos hídricos- están causando cada vez más preocupación, tal y como se reconoce en la Estrategia de Acción Climática de Canarias.
La cuestión es que la mayoría de estos aportes económicos siguen siguiendo la misma lógica: cobran prácticamente lo mismo a todos. Y entonces surge la pregunta: ¿tiene sentido que una persona que gasta 60 euros al día pague lo mismo que otra que gasta 500?
Una encuesta realizada a más de 70.000 turistas que viajaron a Canarias muestra que aplicar la misma ecotasa a todos los visitantes puede ser una estrategia ineficaz.
Un turista no es un perfil único
Muchas políticas turísticas siguen tratando a los visitantes como si todos respondieran igual al impuesto medioambiental.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El proceso de toma de decisiones no es único: decidir “pagar” no es lo mismo que decidir cuánto estás dispuesto a aportar como compensación por el destino visitado.
Hay turistas que son muy sensibles a cualquier aumento de precio y otros para quienes pequeñas aportaciones adicionales apenas modifican el coste total del viaje. También existen diferencias importantes en la capacidad económica, la sensibilidad ambiental o la predisposición a contribuir a la sostenibilidad del lugar visitado.
Esto es especialmente relevante en territorios donde el turismo depende directamente de la calidad del medio ambiente. Según ONU Turismo, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos estratégicos del turismo.
Financiar la adaptación climática
Los resultados de este estudio en las Islas Canarias muestran que muchos visitantes aceptarían hacer pequeñas aportaciones sin demasiadas desganas. Pero además, hay un segmento más pequeño –normalmente asociado a perfiles de mayor consumo– dispuesto a asumir cantidades significativamente mayores para financiar la sostenibilidad o la adaptación climática.
Esta idea conecta con investigaciones previas sobre ecoimpuestos turísticos y la aceptabilidad social de los impuestos ambientales, que analizaron cómo la percepción del uso de los recursos recolectados condiciona el apoyo de los visitantes a estas medidas.
Costos ambientales del turismo.
El turismo crea riqueza, empleo y actividad económica. Pero también aumenta la presión sobre los recursos naturales y la infraestructura pública.
En los territorios insulares, este impacto es especialmente visible: una mayor demanda de agua y energía sin cambios significativos en la oferta, más residuos, una mayor presión sobre los espacios naturales y la aparición de nuevas infraestructuras alimentan un debate creciente en destinos turísticos maduros, como Canarias.
A esto se suman los cambios climáticos. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) lleva años alertando sobre el creciente impacto de eventos extremos, sequías, olas de calor o erosión costera, especialmente en regiones sensibles como las islas.
Diversos estudios sobre turismo y cambio climático alertan de que muchos destinos insulares tendrán enormes dificultades para financiar la adaptación climática y la transición energética durante las próximas décadas.
Todo ello requiere aumentar las inversiones públicas en adaptación climática, conservación o transición energética.
El problema de la eficiencia
Muchos ecoimpuestos están diseñados sobre sistemas planos o casi uniformes. Sin embargo, tratar perfiles turísticos completamente diferentes también puede resultar ineficaz tanto desde el punto de vista económico como social.
El diseño de modelos más progresistas y adaptados a diferentes perfiles de consumo podría aumentar significativamente el dinero disponible para políticas medioambientales, sin demasiado impacto en la demanda turística.
La lógica es relativamente simple. Un turista que realiza un viaje premium suele ser mucho menos sensible a los impuestos medioambientales que otros con un presupuesto mucho menor. Cobrar a todos por igual puede reducir la capacidad de los destinos para financiar la sostenibilidad.
Además, diversos estudios demuestran que muchos turistas valoran positivamente el hecho de que parte de los recursos obtenidos se utilicen realmente para proteger el territorio que visitan. Las investigaciones sobre la aceptación de impuestos al ecoturismo muestran que el apoyo aumenta cuando hay transparencia en el uso del dinero recaudado.
Más allá del debate sobre el turismo
El debate sobre los ecoimpuestos ya no gira sólo en torno al turismo. También refleja un debate más amplio sobre cómo financiar la sostenibilidad y cómo asignar los costos de la transición ecológica en territorios que dependen particularmente del turismo.
Destinos como Canarias se enfrentan a una presión cada vez mayor para hacer compatibles la competitividad turística, la protección del medio ambiente y la adaptación al clima.
En este contexto de creciente presión sobre el medio ambiente y el clima, el debate tal vez ya no sea si implementar ecoimpuestos, sino cómo diseñarlos.
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