Más allá de una cuestión política o moral, la esperada aprobación del proceso de legalización de la inmigración en el Consejo de Ministros del próximo 14 de abril es principalmente una decisión económica. El mecanismo propuesto por el Gobierno, que según los primeros datos duraría unos tres meses, podría proporcionar permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes de los más de 840.000 que se estima viven en situación irregular en España.
Contexto demográfico
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene unos 7,2 millones de residentes extranjeros, pero si se incluyen los naturalizados son más de 9 millones. Por otro lado, tiene una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa y una tasa de natalidad en descenso.
Por tanto, la inmigración es una parte estructural para el mantenimiento del modelo económico español, trabajo intensivo en sectores de gran importancia para el conjunto de la economía, como el turismo (12,6% del PIB en 2024).
Los datos sobre el mercado laboral son definitivos. En 2025, España cerró el año con más de 3,1 millones de sucursales en el extranjero, lo que representa ya el 14% del total de cotizantes. Su presencia es especialmente intensa en sectores clave como la restauración, la agricultura o la construcción donde, en muchos casos, cubren la falta permanente de mano de obra.
Además, porcentualmente, como grupo poblacional, los inmigrantes tienen una mayor participación en el mercado laboral. Su tasa de actividad alcanza el 68,7% del total de la población migrante en edad de trabajar frente al 56,3% del equivalente español. Esta diferencia implica una mayor contribución relativa al sistema productivo y fiscal del país.
De la economía sumergida a la recolección
En este contexto de integración laboral, la regularización no introduce una nueva realidad: formaliza una que ya existe. La transformación del empleo informal en empleo formal implica un aumento de las cotizaciones sociales, los ingresos fiscales y la estabilidad laboral. También contribuye a reducir la economía sumergida y mejorar la productividad general.
La experiencia de la regularización en 2005 ofrece pruebas claras. En unos pocos meses, la cobertura del seguro social aumentó significativamente y se generaron ingresos fiscales adicionales por trabajador regular.
Sin embargo, estos efectos positivos no deben interpretarse de forma aislada. La regulación no es sólo una política de ingresos: también tiene implicaciones para el gasto público.
Equilibrio entre ingresos y gastos
Uno de los argumentos más comunes a favor de la regularización es que los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Según datos actuales, aportan alrededor del 10% de los ingresos de la seguridad social, mientras que el gasto en prestaciones destinadas a este grupo es aproximadamente el 1%. Pero este equilibrio no es estático.
El acceso a beneficios como el Ingreso Mínimo Vital (VIM) requiere al menos un año de residencia legal continua. Por lo tanto, a medida que aumenta la integración en el sistema, también aumenta la idoneidad potencial.
El coste actual del IMV ronda los 3.100 millones de euros al año, pero podría superar los 6.000 millones de euros si alcanza su cobertura potencial y se acerca a los 9.000 millones de euros en escenarios más amplios.
Un problema de capacidad, no sólo de principio
Más allá del impacto fiscal, hay una cuestión aún más crítica: la capacidad institucional. Regular a cientos de miles de personas en pocos meses implica comprobar su identidad, origen, historial laboral y requisitos de residencia.
Aunque la normativa excluye a las personas con antecedentes penales, la verificación internacional de estos datos no siempre es completa ni homogénea.
Además, los efectos de la regularización no serán uniformes. Las regiones con mayor dinamismo económico absorberán mejor el impacto, mientras que otras pueden experimentar una mayor presión sobre los servicios públicos y los sistemas de protección social.
Una cuestión demográfica
Gran parte de la presión actual sobre el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones proviene directamente de la baja tasa de natalidad de España, una de las más bajas de la UE: solo se registraron 318.005 nacimientos en 2024, consolidando la tendencia a la baja.
En este contexto, una estrategia integral debería considerar fomentar los nacimientos a través de políticas sólidas para apoyar a las familias y la estabilidad económica. Medidas como la educación preescolar gratuita y la licencia parental remunerada generan efectos positivos.
Sin embargo, estas acciones necesitan tiempo para madurar y producir resultados tangibles, mientras que las demandas del mercado laboral son inmediatas y urgentes. Por esta razón, en la práctica la inmigración -y su correspondiente regularización- aparece como una solución más ágil, aunque no necesariamente del todo o sin desafíos.
La pregunta fundamental no es si la regularización generará mayores ingresos tributarios en el corto plazo, sino si el Estado tiene la capacidad institucional para gestionar sus consecuencias sociales y, al mismo tiempo, abordar el desafío demográfico estructural que plantea el envejecimiento de la población.
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