El asesinato de Teresa de Jesús González, trabajadora de cuidados a domicilio en O Porrinho el pasado mes de julio, nos conmovió y mostró algo que el sector viene señalando desde hace años: quienes cuidan en casas ajenas trabajan solos y están expuestos a riesgos laborales que el sistema no sabe prevenir.
Los Servicios de Vida Asistida (HAS) es un beneficio reconocido por la Ley de Autonomía Personal y Avance del Cuidado de Dependientes que permite a las personas mayores o dependientes continuar viviendo en sus propios hogares mientras son atendidos. SAD incluye apoyo en actividades básicas de la vida diaria: higiene, nutrición, movilización, acompañamiento y tareas básicas del hogar.
Corresponde a los ayuntamientos prestar este servicio, ya sea directamente o a través de empresas contratadas.
La mayoría de las personas que trabajan en Estados Unidos son mujeres. Su trabajo permite cuidar a miles de personas en su propio entorno. Según el IMSERSO, en España recibieron US 552.603 dependientes en 2023, lo que representa el 5,7% de la población mayor de 65 años. Sin embargo, por la propia naturaleza del servicio, estas personas trabajan en un espacio que es a la vez un centro de trabajo y una vivienda particular. Esto complica enormemente la prevención de riesgos laborales.
Cuando pensamos en Estados Unidos, normalmente nos imaginamos a una mujer entrando a una casa para “tender la mano”. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: cada hogar es diferente, cada usuario tiene sus propias necesidades y cada intervención requiere decisiones rápidas en contextos no siempre seguros.
Por ello, nuestra investigación se centra en comprender plenamente a qué tipos de riesgos están expuestas las trabajadoras y cómo se combinan.
Un trabajo con constantes riesgos físicos y emocionales
Sobrecarga física diaria. Movilizar a personas dependientes en apartamentos pequeños, sin grúas ni ayudas mecánicas, con camas bajas o baños estrechos, pasa factura: lumbalgias, tendinitis, cervicalgias…
Las casas son difíciles de adaptar. Aunque los hogares son los centros de trabajo de estas personas, hay viviendas que no son de fácil acceso, muebles que estorban o animales que dificultan las intervenciones. Además, las viviendas son invulnerables, lo que tiene dos efectos muy concretos en la prevención de riesgos laborales: primero, que el usuario puede negarse a una evaluación de riesgos en el hogar; y en segundo lugar, que no podrá ser necesaria ninguna obra o reforma, aunque sea menor, para mejorar la seguridad.
Riesgos psicosociales invisibles. Trabajar en aislamiento y gestionar el deterioro, la soledad y los conflictos familiares genera ansiedad y desgaste acumulado. Muchos insultos o injurias ni siquiera quedan registrados formalmente. A nivel europeo, EU-OSHA -la agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y salud en el trabajo- sitúa la soledad, el estrés y la exposición a situaciones emocionalmente intensas como factores clave del estrés psicosocial en EE.UU.
Violencia y seguridad personal. No es común, pero existe. Hay agresiones, acosos y amenazas, además de exposición a agentes biológicos y químicos (líquidos, desinfectantes, fármacos…) y riesgo de caídas en espacios reducidos.
Un sector que trabaja con recursos justos
La mayoría de los municipios responsables de este servicio lo han transferido a empresas privadas. Como los contratos entre administraciones y empresas tratan exclusivamente de horas de servicio, existe presión para que todo se ajuste a minutos: tiempo de viaje, número de visitas, duración de las intervenciones… Prevención bueno, tranquilo, se hace difícil.
En 2025, el Tribunal Supremo anuló la disposición final 1 del Real Decreto 893/2024, que obligaba a las empresas estadounidenses a evaluar los riesgos en todos los hogares y adoptar medidas preventivas. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo abrió una consulta pública para la reaprobación de la norma, pero hasta que llegue, el vacío de protección permanece.
¿Qué debería cambiar?
Antes de entrar en medidas concretas, conviene recordar algo básico: la prevención de riesgos laborales en JCD no se puede improvisar. Si no se comienza con una planificación clara (qué se valora, cuándo se valora y quién decide si existen riesgos), todo lo demás siguen siendo buenas intenciones. Por ello, es necesario un marco preventivo que sea realista, coordinado y aplicable en el día a día.
Algunas líneas de mejora son claras:
Evaluación de cada vivienda con criterios claros y adaptados a la vivienda. Sin esta evaluación, es muy difícil garantizar condiciones seguras tanto para el usuario como para el trabajador. Por este motivo, si los usuarios se niegan, las administraciones deben disponer de un procedimiento claro para decidir si se seguirá prestando el servicio o no. Es una prevención de sentido común.
Protocolos simples y sólidos para riesgos físicos, psicosociales y violencia, con canales claros de alerta y apoyo cuando sea necesario.
Proporcionar ayudas mecánicas y una organización realista, incluido el tiempo de viaje y descansos de recuperación que no le obliguen a trabajar “sobre la marcha”. La logística también es prevención.
Contratos y convenios con una perspectiva preventiva, no sólo económica. Algunos convenios colectivos ya están avanzando en esa dirección. VIII Convenio marco nacional del sector JCD fortalece vigilancia sanitaria, capacitación preventiva y adecuación de la prevención. En clave territorial, por ejemplo, el Acuerdo Provincial de Sevilla (2021-2025) dedica un capítulo completo a la salud en el trabajo e introduce pautas para riesgos específicos en el hogar, como la violencia. Estos son pasos útiles que pueden ampliarse.
Una oportunidad para actuar
La situación con Estados Unidos requiere un modelo preventivo realista que pase de las intenciones a las condiciones. Quienes cuidan en casa lo hacen con una invitación enorme, pero con una protección que aún no está a la altura. Los trabajadores estadounidenses se preocupan por toda la sociedad; Ahora es el momento de que la sociedad -instituciones, empresas y familias- se ocupe de ellos también.
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