Ministerio de Cultura contrata firma internacional para caso de arbitraje estatal

ANASTACIO ALEGRIA
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Santo Domingo.- El Ministerio de Cultura dio a conocer que el proceso de contratación identificado como CULTURA-CCC-PEOR-2026-001, publicado en el Portal de Transacción de Contrataciones Públicas, se realizó de conformidad con la Ley no. 47-25 sobre contratación pública, según el procedimiento de excepción que se aplica a los servicios de representación legal y gestión de intereses estatales.

En un comunicado oficial, la institución explicó que el contrato se sustenta en el artículo 78, párrafo único, número 11 de la ley y tiene como objetivo seleccionar una firma de abogados internacional especializada en arbitraje internacional que asumirá la representación legal del Estado dominicano.

Según el Ministerio, el proceso implicó un riguroso análisis y evaluación basado en varios criterios, el cual fue realizado por empresas con reconocimiento internacional. La evaluación fue supervisada por una comisión técnica interinstitucional integrada por representantes del consejo jurídico del Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme (MICM), que actuó como órgano coordinador de conformidad con el marco legal aplicable.

El ministerio explicó que el acuerdo fue en respuesta a un aviso de disputa de inversiones presentado en 2025 por una empresa estadounidense contra República Dominicana. La disputa está relacionada con un contrato firmado por el Ministerio de Cultura en 2010, que lleva más de una década inactivo.

Considerando la complejidad de los procedimientos de arbitraje internacional, el Ministerio determinó que es necesario contratar una firma con experiencia especializada y capacidades técnicas para garantizar una protección jurídica sólida y efectiva de los intereses del Estado.

El Ministerio de Cultura reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento estricto de la normativa aplicable y la protección de los intereses de la República Dominicana, destacando que todas las acciones tomadas se apegan al marco legal establecido.


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